Crecimiento de la economía informal en 19 de 32 estados mexicanos

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La economía informal en México ha experimentado un crecimiento significativo en 19 de los 32 estados de la República, según un informe reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Este fenómeno, que se ha acentuado en el contexto de la pandemia de COVID-19, representa un desafío para las autoridades fiscales y laborales del país.

Incremento de la economía informal

El informe del INEGI revela que la economía informal ha crecido en más de la mitad de los estados mexicanos. Los estados con mayor crecimiento en este sector son Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde más del 70% de la población se dedica a actividades económicas no reguladas.

Por otro lado, los estados con menor participación en la economía informal son Baja California Sur, Nuevo León y la Ciudad de México, con porcentajes que oscilan entre el 22.5% y el 29.2%.

Gráfico de la economía informal en México

Impacto de la pandemia en la economía informal

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la economía informal. Muchas personas que perdieron sus empleos formales debido a la crisis sanitaria se vieron obligadas a buscar alternativas de ingresos en el sector informal.

Además, las restricciones de movilidad y las medidas de confinamiento implementadas para contener la propagación del virus han dificultado el acceso a empleos formales, lo que ha impulsado aún más el crecimiento de la economía informal.

Desafíos para las autoridades

El crecimiento de la economía informal representa un desafío para las autoridades fiscales y laborales de México. Por un lado, la evasión fiscal es una problemática asociada a este sector, ya que las actividades económicas informales no están sujetas a impuestos.

Por otro lado, los trabajadores informales no tienen acceso a beneficios laborales como el seguro social, las vacaciones pagadas o las pensiones de jubilación. Esto puede generar desigualdades sociales y económicas en el largo plazo.

En este contexto, es fundamental que las autoridades implementen políticas públicas orientadas a formalizar la economía y garantizar los derechos laborales de todos los trabajadores.